Esta ley supondrá una notable simplificación de los trámites y la burocracia en la tramitación de planes generales, revisiones y sus modificaciones de carácter estructural, tramitación de modificación y revisión de los planes territoriales.

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio ha expuesto la necesidad de legislar ante la situación que se había  generado en los últimos años de desarrollo exponencial de una compleja trama de intervención administrativa, donde cada vez más agentes y organismos reclaman ser actores en los procesos de ordenación urbanística y territorial en aras a garantizar la sostenibilidad del modelo de desarrollo y para dotar de seguridad jurídica a  los proyectos.

Esta ley nace del fruto del consenso y la participación de numerosas entidades del sector e impondrá racionalidad y eficiencia en la simplificación administrativa, la transparencia y el apoyo a las autoridades locales y a los ayuntamientos en la elaboración de los planes generales municipales y los planes territoriales.

Esta iniciativa legislativa no tiene ningún parangón similar en ninguna comunidad autónoma que medio ambiente y urbanismo estén juntos con unos plazos, destacándose la puesta en marcha del “silencio positivo”, es decir, que si no ha llegado el informe en el tiempo pertinente, se considera que es positivo y sigue el procedimiento

Se trata de una ley que pretende establecer el marco normativo que permita coordinar e integrar la emisión de los informes sectoriales en los procedimientos para la aprobación de los instrumentos de ordenación urbanística y territorial cuando su aprobación definitiva corresponda a los órganos urbanísticos y de ordenación del territorio, propio de la Junta de Extremadura.

De esta manera se pondrá en marcha un procedimiento de coordinación intersectorial, para auxiliar a las administraciones promotoras de planeamientos urbanístico y territorial en la obtención y tramitación de los informes sectoriales y se pondrá en marcha una Comisión de Coordinación Intersectorial, como órgano colegiado que permita el diálogo y la confrontación de los distintos intereses sectoriales.

La Junta de Extremadura ha informado que esta iniciativa legislativa no implicará costes directos ni indirectos ya que la comisión que se crea estará constituida por funcionarios públicos y, en su ulterior desarrollo reglamentario, no prevé la necesidad de creación de nuevos puestos de trabajo, pues su funcionamiento se garantiza con los medios personales y materiales propios de la administración en la que se integra.

Fuente e imagen: Junta de Extremadura