La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que el mapa modificado de España para la concesión de ayudas estatales entre 2017 y 2020 se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales.

El mapa define las regiones españolas que pueden acogerse a las ayudas regionales a la inversión en virtud de las normas de la UE sobre ayudas estatales y establece los niveles máximos de ayuda (denominadas «intensidades de ayuda») que pueden concederse. Las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional de 2014-2020 establecen la posibilidad de una revisión intermedia de los mapas de ayudas regionales aprobados por la Comisión para el período 2014-2020.

Ello permite a los Estados miembros realizar modificaciones en sus listas de zonas asistidas para poder tener en cuenta los cambios recientes en las condiciones sociales y económicas de las regiones. Las modificaciones tienen que cumplir los criterios establecidos en las Directrices. España notificó planes para incluir cuatro regiones (Castilla-La Mancha, Andalucía, Región de Murcia y Ciudad Autónoma de Melilla) como regiones con la intensidad máxima de ayuda y ello debido a que el PIB per cápita de esas regiones había caído por debajo del 75% de la media de la UE-28.

La intensidad máxima de ayuda autorizada para proyectos de inversión de grandes empresas en esas regiones se incrementaría en consecuencia del 15% al 25% para Castilla-La Mancha, Andalucía y Ciudad Autónoma de Melilla y del 10% al 25% para Región de Murcia. España además notificó dos pequeñas modificaciones en zonas de intensidad menor de ayuda.

En particular, España ha sacado algunos municipios de Cataluña y de las Islas Baleares del mapa de ayudas regionales, mientras que otros municipios de estas dos regiones podrán acogerse a las ayudas regionales. El mapa modificado estará en vigor desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020.

De conformidad con las Directrices regionales, las zonas con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE o que sean regiones ultraperiféricas son prioritarias para las ayudas regionales a la inversión, puesto que la finalidad principal de las ayudas de finalidad regional es estimular el desarrollo de las regiones más desfavorecidas de Europa. Las regiones que entran en esta categoría representan el 6,9 % de la población de España y seguirán acogiéndose a ayudas regionales a la inversión con unas intensidades máximas de ayuda del 25 % (Extremadura) o del 35 % (Islas Canarias) de los costes subvencionables de los proyectos de inversión. Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía ya no entran en esta categoría, de acuerdo con el objetivo de concentrar la ayuda en las regiones más desfavorecidas. Con el fin de facilitar una transición sin problemas, estas regiones mantendrán una intensidad de ayuda más alta, cifrada en el 15 %, hasta finales de 2017. A continuación, se aplicará la intensidad máxima de la ayuda del 10 % para las regiones menos desfavorecidas.

Contexto

Las Directrices sobre ayudas de finalidad regional establecen las normas en virtud de las cuales los Estados miembros pueden conceder a las empresas ayudas estatales para apoyar las inversiones en nuevas instalaciones de producción en las regiones más desfavorecidas de Europa, o para ampliar o modernizar las instalaciones existentes. En última instancia, las ayudas estatales de finalidad regional aspiran a contribuir al desarrollo económico y el empleo.

Estas Directrices sobre ayudas de finalidad regional contienen normas sobre cuya base los Estados miembros pueden elaborar mapas de ayudas regionales válidos durante todo el período de vigencia de las Directrices. Los mapas determinan las zonas geográficas en que las empresas pueden recibir ayudas estatales de finalidad regional y el porcentaje de los costes de inversión subvencionables (intensidad de ayuda). Los costes subvencionables son la parte de los costes totales de inversión que pueden tenerse en cuenta a efectos del cálculo de la ayuda.

El artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite a los Estados miembros conceder ayudas estatales destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo. Las Directrices sobre ayudas de finalidad regional definen esas zonas como las regiones con un PIB per cápita inferior al 75 % de la media de la UE y las regiones ultraperiféricas. Además, al efecto de garantizar una transición sin problemas, las regiones que antes estaban por debajo del umbral del 75 % del PIB de la UE se seguirán predefiniendo a escala de la UE como subvencionables.

El artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado CE permite conceder ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Las Directrices sobre ayudas de finalidad regional las definen como las regiones de un Estado miembro desfavorecidas en comparación con la media de la UE o la media nacional. Las Directrices establecen un límite de cobertura de población con el objetivo de concentrar la ayuda en las regiones más desfavorecidas. Esta cobertura de población se reparte entre los Estados miembros conforme a criterios socioeconómicos que tienen en cuenta las disparidades regionales, tales como el desempleo, tanto a escala nacional como de la UE. Compete a cada Estado miembro decidir en su mapa de ayudas regionales el mejor modo de utilizar este margen de maniobra para definir más zonas subvencionables con el fin de atajar sus disparidades regionales internas.

Fuente e imagen: Comisión Europea (Representación en España)