El Consejo de Ministros del pasado viernes 28 de febrero ha recibido sendos informes del Ministerio de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial, cuyo objetivo es hacer más accesible y flexible la financiación a las pymes y, en particular, sentar las bases para fortalecer las fuentes de financiación directa; y sobre el Anteproyecto de Ley de Entidades de Capital Riesgo, que persigue impulsar esta fórmula con la misma finalidad de mejorar la financiación de las pymes, así como incorporar Derecho de la Unión Europea respecto de los llamados fondos de inversión alternativa. El Consejo de Ministros ha analizado, además, otro informe sobre refinanciación y reestructuración de deuda empresarial para una posterior aprobación.

Fomento de la financiación empresarial

Las principales novedades en el Anteproyecto de Ley sobre Fomento de la Financiación Empresarial son: establecimiento de un sistema de preaviso e información por parte de las entidades de crédito para aquellas Pymes que ven restringida su financiación; mejora del funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA); diseño de un régimen específico para los establecimientos financieros de crédito; adaptación de la regulación de las titulizaciones; mejora del régimen español de emisión de obligaciones; potenciación del Mercado Alternativo Bursátil (MAB); y propuesta de regulación del denominado «crowdfunding».

Más en detalle, el texto regula los siguientes aspectos:

  • Sistema de preaviso por parte de las entidades de crédito. Se obliga a las entidades de crédito a ofrecer preavisos de, al menos, tres meses e información específica sobre la situación crediticia de aquellas Pymes cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida.
  • Mejora del funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Se establece que el reaval de la Compañía Española de Reafinanciamiento (CERSA) se active ante el acreedor en caso de incumplimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca tras el primer requerimiento. Adicionalmente, en aras de fortalecer la gestión, profesionalidad y buen gobierno de estas Sociedades se extenderán a sus directivos los requisitos de honorabilidad, conocimiento y experiencia propios de las entidades de crédito.
  • Régimen jurídico específico para los establecimientos financieros de crédito. Se dotará a estas entidades del marco jurídico más eficaz para mantener y potenciar su actividad. Estarán plenamente orientadas a la financiación empresarial y del consumo por canales alternativos a los estrictamente bancarios.
  • Mejora de la regulación de las titulizaciones en España. Se propone la adopción de reformas con un doble objetivo: por una parte, se trata de flexibilizar el régimen jurídico de las titulizaciones para adecuar este instrumento a las actuales demandas del mercado financiero, en línea con los países más avanzados en la materia; se persigue, además, aportar la máxima seguridad jurídica y dar respaldo legal a la operativa habitual en el ámbito de las titulizaciones.
  • Potenciar el funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Se trata de facilitar el tránsito de las sociedades desde la Bolsa hacia este sistema alternativo de negociación. Para ello se sustituirá el requisito de presentar una OPA de exclusión por otro mecanismo menos oneroso, que garantice una adecuada protección de los inversores minoritarios. Se flexibiliza el tránsito desde el propio Mercado Alternativo hacia la Bolsa de aquellas compañías cuyo desarrollo y crecimiento exige la cotización en este mercado oficial.
  • Mejora del régimen de emisión de obligaciones. Se introducen diferentes medidas en la regulación mercantil, tendentes a facilitar el acceso directo de las compañías españolas a los mercados de deuda mediante la eliminación de límites a la emisión de obligaciones.
  • Regulación del «crowdfunding». En línea con las consultas realizadas en otros países de nuestro entorno, se incluye en el Anteproyecto de Ley una propuesta preliminar de regulación en la que se fijan las condiciones para el funcionamiento de este nuevo sistema, basado en plataformas electrónicas que contactan directamente inversores y proyectos. El objetivo es impulsar una nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales de desarrollo, al tiempo que se protege a los inversores. Para ello, se fijan las obligaciones de estas plataformas garantizando que sean transparentes y que los inversores dispongan de información suficiente. Se fijan límites por inversor tanto por proyecto (3.000 €) como por plataforma (6.000 € por año).

Entidades de Capital Riesgo

El segundo de los Anteproyectos de Ley, por la que se regulan las Entidades de Capital Riesgo (ECR) y las entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y se modifica la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva del 4 de noviembre de 2003, introduce mejoras que permitirán el mayor desarrollo de este canal de financiación de empresas. En particular, a través de la creación de las ECR-Pyme se promueve la financiación mediante instrumentos de capital y deuda de las empresas en sus primeras etapas de desarrollo y expansión. Este tipo de entidades invertirán, al menos, un 70 por 100 de su patrimonio en Pymes, además de participar en la gestión y aportar asesoramiento. Se beneficiarán de un régimen financiero más flexible que el de las entidades de capital-riesgo tradicionales ya que podrán hacer un mayor uso de instrumentos financieros de deuda.

Al hilo de la transposición de la Directiva comunitaria de gestores de inversión alternativa se abordan otra serie de reformas:

  • Introducción de nuevos requisitos a las sociedades gestoras en cuanto a su estructura y organización para garantizar el control de riesgos, de liquidez y de conflictos de interés y, en concreto, para cumplir con una política de remuneraciones que evite la toma de riesgos excesivos.
  • Agilización y reducción de cargas administrativas en el régimen de entidades de capital-riesgo, que ya no quedarán sometidas a un régimen de autorización, sino de simple registro ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  • Ajuste de los requerimientos de recursos propios mínimos de las sociedades gestoras, que se alinean con los de la Directiva y el resto de socios europeos.
  • Adaptación del régimen de comercialización y gestión transfronteriza de fondos gestionados por sociedades gestoras europeas y extranjeras.

Régimen sancionador del comercio

Además, el Anteproyecto de Ley de Medidas de Fomento de la Financiación Empresarial incluye un régimen sancionador específico para las infracciones administrativas en el ámbito comercial. Este régimen desarrolla la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios de 2012, que ya contemplaba su futura aprobación en su disposición final decimotercera.

Una vez eliminadas las licencias previas a la apertura y actividad vinculadas a determinados establecimientos comerciales con el objeto de impulsar el comercio minorista y ahorrar tiempo y costes importantes a los emprendedores, el Gobierno aprueba ahora este régimen sancionador que facilita a las Administraciones competentes en materia de inspección y control las herramientas para corregir posibles incumplimientos y garantizar la seguridad de los consumidores en el ámbito del comercio. El régimen es de carácter básico y su aplicación será vinculante en toda España, si bien las Comunidades Autónomas podrán adaptar las cuantías de las sanciones pecuniarias y establecer las no pecuniarias.

El régimen delimita y fija las sanciones correspondientes para infracciones de carácter leve (inexactitud, falsedad u omisión de carácter no esencial en los datos o manifestaciones recogidos en las declaraciones responsables o comunicaciones previas); grave (inicio de la actividad comercial sin la presentación de la correspondiente declaración responsable o comunicación previa, falta de comunicación en los casos de cambio de titularidad, falsedad u omisión de datos de carácter esencial; carecer de proyecto técnico en caso necesario, obstaculización del ejercicio de las funciones inspectoras); y muy grave (reiteración o reincidencia de las infracciones graves). Las sanciones podrán ser pecuniarias o no pecuniarias.

Fuente: Gobierno de España