El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura del pasado 25 de febrero  ha acordado instar al Presidente del Ejecutivo regional a que solicite, por la vía de urgencia, dictamen del Consejo Consultivo de Extremadura sobre la procedencia de interponer recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

El Gobierno de Extremadura estima la necesidad y obligación por parte del Ejecutivo Nacional de atajar el problema del ‘déficit de tarifa’ para poder garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico español y comparte el objetivo de adoptar medidas encaminadas a la resolución de una cuestión de Estado, pero, de tal manera que no genere una grave repercusión económica en las inversiones existentes en el sector eléctrico ni desaliente las inversiones futuras.

Y ello, dado su posicionamiento en favor del desarrollo de las energías renovables, muy especialmente con las tecnologías de base solar y de base biomasa, como apuesta segura, de presente y de futuro, de un modelo energético sostenible, eficiente y competitivo.

La posibilidad de interponer este recurso se plantea por entender inconstitucional la modificación del régimen jurídico y retributivo de las plantas de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables con derecho a prima.

Esta petición de dictamen al Consejo Consultivo se realiza tras analizar el texto del Real Decreto-Ley y apreciar la posible existencia de fundamentos jurídicos para interponer el citado recurso, al considerar que quebranta los artículos 9.1, 9.3 y 86 de la Constitución Española.

En septiembre de 2011 se presentó un primer recurso de inconstitucionalidad frente a la disposición transitoria segunda del Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit de tarifa.

El segundo recurso se presentó en octubre de 2012 contra el decreto que suspendía los procedimientos de preasignación de retribución y suprimía las primas a las renovables; y en 2013 se presentaron otros dos: contra la modificación de la conocida como ecotasa, y contra el Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero (el que recorta las primas a las renovables con carácter retroactivo).

Fuente: GOBEX

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