El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el pasado 17 de diciembre la Ley 6/2013, de 13 de diciembre, de medidas tributarias de impulso a la actividad económica en Extremadura, que entró en vigor con carácter general al día siguiente de la mencionada publicación.

Las medidas establecidas en esta norma, según su Exposición de Motivos, tienen como principal objetivo la lucha contra el desempleo en consonancia con el Plan general de impulso al desarrollo económico en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el que se han incorporado una serie de actuaciones en relación con todos los tributos sobre los que es posible el ejercicio de la capacidad normativa.

La adopción de medidas para proteger el empleo e incentivarlo se concretan en reducir la tributación por la adquisición onerosa de inmuebles destinados a desarrollar una actividad económica, en la adquisición lucrativa mortis causa o gratuita de empresas o capital, también entre parientes más lejanos e incluso entre quienes no tienen relación de parentesco.

La ley consta de 35 artículos que se organizan en tres capítulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Cada uno de los capítulos se refiere a las normas relativas a los tributos cedidos, los tributos propios y las tasas y precios públicos, respectivamente.

El capítulo I recoge una serie de modificaciones en la regulación autonómica de determinados tributos cedidos. Concretamente, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Por lo que se refiere al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se modifica la escala autonómica de tipos de gravamen aplicable desde el 1 de enero de 2013 a la base liquidable general, de modo que se reduce el gravamen autonómico para favorecer la renta disponible de la mayoría de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma.

Por otra parte, se crea una nueva deducción en la cuota íntegra autonómica, con efectos desde el 1 de enero de 2013, por inversión en la adquisición de acciones y participaciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las sociedades mercantiles, por importe del 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio, siempre que creen y mantengan empleo. Esta deducción tiene como finalidad fomentar la participación de inversores privados en unidades productivas y generadoras de empleo.

Las modificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, contenidas en la sección segunda, establecen nuevos beneficios tributarios, aumentan la cuantía de las reducciones en la base imponible y disminuyen los requisitos para disfrutar de los ya existentes. Concretamente, la reducción relativa a las donaciones dinerarias de padres a hijos o a otros descendientes o parientes colaterales para constituir o ampliar una empresa o para adquirir participaciones en entidades.

Destaca la reducción por la adquisición de bienes y derechos afectos a una actividad económica o de participaciones en entidades por parte de personas que, si bien no tienen relación de parentesco con el causante o donante, sí que tienen determinados vínculos laborales o profesionales con la entidad y una antigüedad que las hace merecedoras de disfrutar del beneficio fiscal, siempre y cuando mantengan los bienes y la actividad empresarial o profesional durante un plazo mínimo de cinco años.

En la sección tercera, relativa al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se implanta un nuevo tipo de gravamen reducido aplicable a las transmisiones de inmuebles a empresas de nueva creación, y para la adquisición de inmuebles incluidos en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial de empresas individuales o negocios profesionales. Completa estas medidas el establecimiento de un tipo de gravamen reducido para las transmisiones de vehículos comerciales e industriales ligeros usados de hasta 3.500 Kg. de masa máxima autorizada, siempre que la adquisición se efectúe por parte de contribuyentes que realicen actividades económicas.

En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, se establece un nuevo tipo reducido aplicable a las escrituras notariales que documenten tanto la adquisición de inmuebles, como la constitución de préstamos y créditos hipotecarios para financiar la adquisición de inmuebles en la creación de nuevas empresas.

En la sección cuarta, dedicada a la Tasa Fiscal sobre el Juego, se revisan los tramos de la tarifa de casinos y se establecen nuevos tipos de gravamen acordes con el derecho comparado autonómico. Se pretende atenuar la reducción de la actividad que en los últimos años ha ido aparejada al cierre de establecimientos, la pérdida de recaudación y, el efecto más grave de todos, la pérdida de empleo.

Además, en relación con este mismo tributo, se elimina la limitación a la posibilidad de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago de la tasa fiscal sobre el juego que afecta a las máquinas recreativas o de azar.

Las normas de gestión, contenidas en la sección quinta, prevén la posibilidad de establecer la obligación, para los colaboradores sociales en la gestión tributaria, del pago y presentación por medios telemáticos de los modelos propios del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones, en los términos regulados por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y legislación concordante en la materia.

Por lo que se refiere al capítulo II, dedicado a los tributos propios, se introducen diversas medidas en la misma línea que ha inspirado la reforma de los tributos cedidos.

En el Impuesto sobre la eliminación de residuos en vertedero se establece una nueva exención para el depósito de residuos realizado directamente por las empresas durante el primer año del ejercicio de su actividad.

Con relación al canon de saneamiento la ley incorpora dos modificaciones. La primera es consecuencia de la decisión adoptada por la Asamblea de Extremadura para rebajar la cuota fija así como para establecer una exención a favor de aquellos contribuyentes que disfruten de la tarifa social del agua en sus respectivos municipios y de los perceptores de la Renta Básica Extremeña de Inserción. A ello hay que añadir también la exención de los usos del agua realizados en los centros públicos de enseñanza y en los edificios titularidad de la Junta de Extremadura y que, de este modo, liberará del pago del tributo a los Ayuntamientos que por mandato de la ley se hacen cargo del mantenimiento de los centros escolares. La segunda modificación es de carácter técnico y está encaminada a mejorar la capacidad recaudatoria y la gestión del tributo.

Por otra parte, la experiencia adquirida durante el primer período impositivo en la gestión tributaria de este Impuesto medioambiental aconseja efectuar una serie de precisiones de carácter conceptual y procedimental que, en todo caso, no afecta a la regulación sustancial del tributo, sino que están dirigidas a garantizar su efectiva aplicación y, al mismo tiempo, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones formales de los contribuyentes.

Las modificaciones realizadas encajan en la filosofía del impuesto, que sigue así las recomendaciones en el campo de la tributación medioambiental consistente en hacer recaer sobre los usuarios el coste del servicio integral del agua, lo que como se ha demostrado allí donde figuras como éstas han sido establecidas, lleva aparejado un efecto sobre el comportamiento de los ciudadanos de manera que se obtiene una mayor y más eficaz conducta medioambiental.

Las medidas adoptadas en relación con el Impuesto autonómico sobre depósitos de las entidades de crédito están motivadas por la creación por el Estado de un impuesto que grava el mismo hecho imponible. En efecto, el Estado mediante la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica ha creado el Impuesto sobre los Depósitos de las Entidades de Crédito con la pretensión de asegurar un tratamiento fiscal armonizado que garantice una mayor eficiencia en el funcionamiento del sistema financiero.

Puesto que el Estado no puede desconocer ni limitar las competencias de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el apartado trece del artículo 19 de la ley estatal, se reconoce expresamente que «en la medida en que el impuesto que establece esta ley recaiga sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades Autónomas y esto produzca una disminución de sus ingresos, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas». Así pues, previstos los medios de compensación a favor de Comunidad Autónoma, resulta preciso evitar la doble imposición y para ello se adoptan dos medidas. Por un lado, se establece una bonificación del 100 por 100 sobre la cuota y, por otro lado, en la disposición adicional tercera se exime a los obligados tributarios del Impuesto autonómico de presentar la autoliquidación en tanto en cuanto se mantenga vigente el tributo estatal.

El capítulo III contiene los cambios que se llevan a cabo en la Ley de Tasas y Precios Públicos, que consisten en el establecimiento de exenciones y bonificaciones en las tasas que van vinculadas al inicio y ampliación de una actividad económica a favor de los sujetos pasivos que comiencen o amplíen sus actividades empresariales en los años 2013, 2014 y 2015. De igual modo se establecen exenciones con la finalidad de potenciar las fusiones y constituciones de cooperativas de segundo o ulterior grado como resultado de la participación en procesos de integración cooperativa.

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