El Consejo de Ministros, celebrado el pasado día 5 de diciembre, ha aprobado un Real Decreto de marcado carácter técnico, por el que se modifican varios preceptos de cinco reglamentos: los que afectan al Impuesto sobre Sociedades (IS), el IRPF, el Impuesto sobre la de Renta de No Residentes (IRNR), el Reglamento General de Recaudación y el Reglamento General de Actuaciones y Procedimiento de Gestión e Inspección Tributaria.

El Real Decreto desarrolla la flexibilización de los requisitos de comercialización de fondos de inversión españoles mediante el sistema de cuentas globales («cuentas ómnibus»). Adicionalmente, modifica ciertos plazos de ingreso de obligados tributarios y entidades colaboradoras. Por otro lado, el Real Decreto adecúa los citados Reglamentos a los cambios incorporados en la Ley de Emprendedores y su Internacionalización.

Cuentas ómnibus

La Ley de fiscalidad medioambiental y otras medidas tributarias, del pasado mes de octubre, permite la comercialización en España de fondos de inversión españoles mediante cuentas globales con la finalidad de implantar un sistema similar al de otros países del entorno, que refuerce la competitividad del sector. Supone un sistema descentralizado de llevanza del registro de partícipes. La gestora lleva únicamente un registro global en el que figura la posición global de los comercializadores por cuenta de terceros.

La utilización de estas cuentas permite ensanchar la base de distribuidores de las instituciones de inversión colectiva al permitir que las gestoras puedan distribuir sus productos a través de las redes comerciales de cualquier entidad financiera. Además, gran parte de las obligaciones de carácter administrativo y de información fiscal pasan a ser encomendadas a los comercializadores, lo que permite a las gestoras especializarse en la gestión de la cartera.

El Real Decreto aprobado hoy estipula que el comercializador pasa a ser el obligado a practicar la retención o ingreso a cuenta y a cumplir las obligaciones de información a la Administración tributaria, al ser la única entidad que dispone de la información de las participaciones de los fondos de inversión incluidas en su registro.

Plazos de ingresos tributarios

El Real Decreto modifica los Reglamentos de IRPF, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de no Residentes para que las retenciones e ingresos a cuenta del mes de julio se ingresen en agosto para los contribuyentes cuyo volumen de operaciones supera los seis millones de euros.

Por otro lado, la norma asegura que las entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria de Hacienda ingresen antes de final de cada mes los ingresos correspondientes a las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, IRNR, IS, IVA e Impuestos Especiales. Esta medida supondrá un ahorro para el Tesoro de 150 millones de euros en menores emisiones de deuda.

Otras modificaciones

En el ámbito del Impuesto sobre Sociedades, se extiende la aplicación de los planes especiales de amortización de determinados elementos patrimoniales a aquellos otros que tengan las mismas características de carácter físico y jurídico, que sean adquiridos en el año siguiente respecto del momento de la aprobación del plan.

En segundo lugar, se regula el procedimiento a seguir en los acuerdos previos de valoración entre Hacienda y los contribuyentes sobre rentas procedentes de activos intangibles («patent box»). Por otra parte, las empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros podrán deducirse de la cuota íntegra del Impuesto sobre sociedades hasta un 10% de los beneficios obtenidos en el periodo impositivo que se reinvierta en la actividad económica. Será aplicable ya a beneficios que se generen a partir de periodos impositivos desde el 2013.

En relación al IRPF, se fija la obligación de llevanza de un libro registro de ventas o ingresos, a partir de enero de 2014, para los contribuyentes que ejerzan actividades cuyos ingresos estén sometidos al tipo de retención del 1 por 100.

Business angels

Asimismo, se establece la obligación de presentar una declaración informativa por las empresas de nueva o reciente creación «business angels»), identificando a los partícipes o accionistas que hubieran suscrito acciones o participaciones con derecho a la deducción por inversión en dichas entidades.

Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa

El Consejo de Ministros, igualmente, ha aprobado un Real Decreto por el que se crea y regula el Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa (PYME), un órgano colegiado de carácter consultivo, con amplia representatividad de las Administraciones Públicas y de los distintos agentes económicos y sociales. El objetivo del Consejo Estatal de la PYME es ser el organismo de referencia para tratar todo aquello que sea propio de la política pública de apoyo a la pequeña y la mediana empresa, proporcionando el foro de referencia en el que se traten los problemas que afectan a las pequeñas y las medianas empresas y emprendedores dándoles la visibilidad que precisan.

La creación del Consejo Estatal de la PYME se suma al conjunto de medidas llevadas a cabo por el Gobierno para articular el apoyo a la actividad de la pequeña y la mediana empresa, motores de la actividad económica del país

El Consejo está compuesto por trece vocales en representación de los Departamentos ministeriales de la Administración General del Estado; ocho en representación de otras entidades dependientes de la Administración General del Estado; un representante por cada Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla, además de representantes de la Administración Local, las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito estatal e intersectorial más representativas de la pequeña y la mediana empresa, las confederaciones empresariales de economía social con mayor implantación en el ámbito estatal y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.

Funciones

Cuenta entre sus funciones realizar el seguimiento de la evolución, problemas y políticas que afectan a las PYME; informar con carácter previo el Plan plurianual de apoyo a la PYME; formular recomendaciones para coordinar los programas existentes de apoyo a la PYME; realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación en España de la «Small Business Act» para Europa; analizar las prácticas europeas e internacionales de apoyo a las PYME y su transferibilidad a España; contribuir a la valoración, reconocimiento y desarrollo de la función empresarial ante la sociedad en general; informar acerca de los proyectos normativos que le someta su presidente.

La constitución del Consejo Estatal de la PYME se incorpora al estudio realizado por la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), por considerar que contribuye a aumentar la eficiencia en la Administración.

Tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y nombramiento de sus miembros, comenzará su andadura dentro de los dos meses siguientes de su entrada en vigor.

Imagen: www.lamoncloa.gob.es