El Consejo de Gobierno, en su reunión del pasado 8 de noviembre, ha acordado el calendario para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa, que acompañará al Proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, aprobado el pasado 5 de julio y actualmente en fase de tramitación parlamentaria.

El objetivo es simplificar normas para favorecer la unidad de mercado y eliminar trabas al desarrollo de la actividad económica o empresarial.

La Ley de Unidad de Mercado «establece el principio del pasaporte único», que permitirá que las empresas puedan comercializar sus productos o servicios en todo el territorio nacional con una única licencia.

El Plan de Racionalización Normativa ha identificado y evaluado 6.500 normas, de 29 sectores económicos, que afectan a la actividad empresarial con el fin de «racionalizar y evitar duplicidades e ir a una normativa más favorable para el funcionamiento de las pymes». Es un proceso de limpieza de burocracia que facilitará «la vida a las empresas».

Se han contabilizado 2.700 normas – el 30% estatales y el 70% autonómicas – que estarían afectando a la unidad de mercado por obstaculizar el libre acceso y/o el ejercicio de las actividades económicas. Las normas estatales serán derogadas o modificadas y sólo permanecerán vigentes aquellas que respondan a un bien superior. Las normas autonómicas serán revisadas en las 35 conferencias sectoriales que serán convocadas en los próximos tres meses.

El Plan de Racionalización Normativa es un proceso continuo en el que se han establecido fechas. El Gobierno pretende que a mediados del año que viene, en el ámbito de la normativa estatal, haya habido un proceso profundo e intenso de simplificación administrativa, y posteriormente, a través de la cooperación con las comunidades autónomas y las conferencias sectoriales, llevar a cabo un proceso de simplificación de la normativa que limita el crecimiento potencial de la economía española.

De acuerdo con los estudios del Ministerio de Economía y Competitividad, la aprobación de esta Ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52 por 100 en un período de diez años. El aumento sería, aproximadamente, del 0,15 por 100 PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año.

Una vez que se apruebe, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una Comunidad Autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.

El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a diecisiete regulaciones distintas para operar en España.

Principales aspectos de Ley

Los principales aspectos de la ley son los siguientes:

  1. Licencia única y legislación de origen:
  • Cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofertado en cualquier punto del territorio español sin necesidad de modificación o trámite adicional.
  • El establecimiento de este principio elimina de inmediato el coste de tener que someterse a diecisiete regulaciones distintas para operar en España.
  1. Restricciones al sometimiento de autorizaciones y requisitos prohibidos.
  • Se limitan los supuestos en los que las Administraciones Públicas pueden someter a autorización el ejercicio de actividades económicas.
  • Se prohíbe la exigencia de requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador.
  1. Cooperación administrativa.
  • Se regulan mecanismos de cooperación entre Administraciones Públicas para el intercambio de información necesario entre las autoridades de origen y de destino.
  1. Procedimiento ágil de resolución de conflictos.
  • Se legitima a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para recurrir en vía contencioso-administrativa cualquier acto que vulnere la unidad de mercado.
  • La admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos.
  • Se permite a los operadores solicitar a esta Comisión el recurso de actos o disposiciones contrarias a la unidad de mercado que les afecten.
  • Ello implica que los operadores podrán obtener la suspensión de sanciones impuestas hasta que no se pronuncie un órgano jurisdiccional evitando las pérdidas ocasionadas por dilaciones judiciales.

Imagen: www.lamoncloa.gob.es